Por incumplimientos con obligaciones fiscales y de seguridad social, en 2024 la STPS canceló el 11% de las inscripciones en el Repse.

La dependencia reconoce que hay «un porcentaje considerable de empresas activas» en el padrón que no tienen un estatus de cumplimiento.

El año pasado la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) canceló 16,000 inscripciones en el Repse, el padrón público de empresas prestadoras de servicio. Estas bajas fueron por un incumplimiento en obligaciones fiscales o de seguridad social, de acuerdo con lo reportado por la dependencia en su Programa de Inspección 2025.

“Durante la operación del REPSE se ha identificado que un porcentaje considerable de empresas activas en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras especializadas no mantiene ese estatus de cumplimiento, lo que puede traer consecuencias negativas en perjuicio de los trabajadores vinculados a dichas empresas”, reconoce la STPS.

El Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse) es un padrón público al que deben inscribirse las empresas subcontratistas de servicios; es decir, que ofrecen tareas que no forman parte del objeto social o actividad preponderante del cliente. Este fue un requisito que se estableció con la reforma de subcontratación del 2021, para conservar su inscripción, hay que estar al corriente con las obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social.

Los 16,000 registros cancelados representan casi el 11% de las inscripciones que tenía el Repse en el 2024. El intercambio de bases de datos entre la STPS, el Infonavit, el SAT y el IMSS permitió identificar los incumplimientos de las empresas que perdieron la inscripción.

Además, de las 80,000 empresas o personas físicas sujetas de renovar su Repse, sólo el 52% logró la actualización, un 31% no hizo el trámite y un 14% no consiguió la renovación por no acreditar los requisitos.

La vigilancia de la regulación de servicios especializados se mantiene entre los objetivos prioritarios de la Inspección Federal del Trabajo. En ese sentido, la dependencia indica que, además de la fiscalización masiva, se diseña un Protocolo de inspección en materia de subcontratación para identificar incumplimientos a las reglas incorporadas en la Ley Federal del Trabajo (LFT) hace cuatro años.

La dependencia planea cerrar el 2025 con 43,000 inspecciones. El 80% de estos ejercicios se consideran como inspecciones extraordinarias; es decir, que no requieren aviso previo, la verificación se realiza en el momento el que la persona inspectora acude a la empresa.

Otros objetivos incluidos en el programa de inspección son:

• Vigilancia focalizada en sectores críticos. Incluye la erradicación del trabajo infantil, garantizar la igualdad laboral y la prevención de la violencia en el trabajo, detección de trata de personas en los centros laborales, mitigación de accidentes y verificación de condiciones generales, principalmente en derechos más vulnerados.
• Ética y profesionalismo del personal de inspección. Contempla acciones como la supervisión de los funcionarios, capacitación en uso de tecnologías y herramientas digitales y evaluación de la información recopilada.
• Mecanismos alternativos de cumplimiento. Continuidad a las visitas de asesoría y asistencia técnica de las empresas inscritas en programas de autocumplimiento, y procedimiento en la valoración y de los organismos privados para la evaluación de la conformidad de las normas de seguridad y salud en el trabajo.

Retos de la inspección

Si bien la Secretaría del Trabajo destaca los avances con el nuevo modelo de inspección, basado en análisis de big data, colaboración intergubernamental y uso de herramientas tecnológicas, también reconoce que aún quedan retos, entre esos desafías están la erradicación del trabajo infantil y la igualdad laboral.

“Es esencial abordar la preocupante situación del trabajo infantil, un fenómeno que ha aumentado de manera alarmante en los últimos años, por lo que se ha planteado la necesidad de acelerar los avances en la erradicación del trabajo infantil y en la protección del trabajo adolescente permitido, adoptando una perspectiva multidisciplinaria”, señala la dependencia.

Por otra parte, la STPS indica que se requiere reforzar los mecanismos de asesoría para trabajadores y empleadores con información técnica y coordinación entre “todos los actores del mundo laboral” para adoptar las mejores prácticas de cumplimiento de la normatividad de trabajo.

Foto: Freepik. Con información de Gerardo Hernández. Publicado en El Economista.
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