Una reforma a la Ley Federal del Trabajo LFT busca imponer multas de hasta 565,700 pesos a empresas que toleren la discriminación laboral a personas trabajadoras que viven con VIH.

La discriminación laboral a personas con VIH podría tener sanciones de varios miles de pesos, y es que en el Senado de la República se promueve una iniciativa para reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) para imponer multas para quienes vulneren el empleo digno de personas trabajadoras que viven con esta enfermedad.

La iniciativa planteada por el senador Enrique Vargas del Villar de la bancada del PAN (Partido Acción Nacional), propone una reforma a diversos artículos de la LFT para garantizar que se respeten los derechos humanos de todas las personas en el trabajo, así como también de los trabajadores con VIH/SIDA que pueden estar expuestos a discriminación.

En esa línea, el senador menciona que la legislación laboral “carece de disposiciones expresas que obliguen a los empleadores a adoptar medidas afirmativas para prevenir la discriminación de personas con VIH”, así como a “garantizar el acceso y mantenimiento del empleo sin discriminación por estado de salud”.

Datos de la Secretaría de Salud indican que en México hay 370,000 personas que viven con VIH, el 99% tiene 15 años o más, se trata de persona que, de acuerdo con la exposición de motivos de la propuesta, “enfrentan con frecuencia discriminación estructural, prejuicios y barreras para acceder o permanecer en el mercado laboral”.

Esto se convierte en un problema hacia el futuro, ya que más de 7,800 personas con este diagnóstico que son adultas mayores no cuentan con seguridad social, tampoco recursos económicos suficientes, y además se enfrentan a estigmas sociales que profundizan la discriminación de la que son objeto.

Multas de hasta 565,700 pesos
La iniciativa busca reformar el artículo tercero, segundo, 132, 133, 134 Bis 994 y 995 de la LFT, para exigir a los empleadores adoptar medidas proactivas como políticas internas, protocolos, capacitación y vigilancia que ayuden a prevenir, mitigar y corregir cualquier afectación a derechos humanos en su actividad empresarial.

Así como incluir la “discriminación por estado de salud / VIH” que ayude a reconocer explícitamente que discriminar por estado de salud, especialmente VIH/SIDA, está prohibido, de forma que se establezca que esto no es motivo para excluir, despedir o bloquear ascensos, y para ello, se facultará a la autoridad laboral para imponer multas, clausuras o indemnizaciones.

La sanción propuesta va de los 28,285 a 282,850 pesos, equivalente a 250 a 2,500 UMAs (Unidades de Medida y Actualización) para los patrones que discriminen a una persona trabajadora o candidato a un puesto por su condición serológica respecto al VIH/SIDA, así como también por exigir pruebas de detección del VIH como requisito y sin fundamento médico justificado.

“La iniciativa representa un compromiso con la dignidad humana: reafirmamos que el trabajo no puede vulnerar los derechos humanos, sino que debe ser un ámbito protector y dignificador de las personas”, se señala en la propuesta.

La multa aplicará también a quienes despidan o nieguen un ascenso a una persona trabajadora por razones relacionadas con VIH/SIDA; además de una sanción de hasta 565,700 pesos, equivalente a 5,000 UMAs por no implementar procesos que ayuden a identificar, prevenir y garantizar derechos humanos e igualdad sustantiva en el trabajo, y no adoptar mecanismos de atención a quejas o denuncias.

En otra línea, la propuesta del senador del PAN también busca que en la LFT se obligue a que las empresas a que desarrollen actividades laborales bajo principios de dignidad humana, legalidad, igualdad sustantiva, no discriminación, libertad, responsabilidad social y trabajo digno; e impedir condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por condición serológica respecto al VIH.

Además, se prohibirá que los empleadores exijan certificados médicos o pruebas de VIH para obtener un ascenso, y se establezca que las personas trabajadoras que vivan con VIH/SIDA gocen de todos los derechos laborales y de seguridad social sin restricción.

“Fortalecer la protección legal de personas vulnerables refuerza la legitimidad del sistema normativo mexicano”, apunta el senador Enrique Vargas del Villar, quien agrega, para fomentar la cultura de responsabilidad social, es necesario que el respeto de los “derechos no sea opcional, sino obligación”.

En caso de que la iniciativa otorga a las empresas un plazo de seis meses, después de su promulgación, para adecuar sus procesos internos según las nuevas disposiciones, independientemente de si son públicas o privadas.

Discriminación laboral por VIH
El Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) evidencia que los casos de discriminación hacia personas que viven con VIH ascendió a 301 en 2018, cuatro de cada 10 casos se registraron en los centros de trabajo tras vulnerar el derecho al trato digno, al empleo y a la salud.

Al respecto, Vargas del Villar puntualiza en que la discriminación en el trabajo “no sólo es prevalente, sino que tiene consecuencias directas para la salud, estabilidad laboral y calidad de vida de dichas personas”, por ello, urge a establecer mecanismos de mediación y protección, por ejemplo, con la imposición de sanciones administrativas.

“La exclusión laboral conlleva pérdida de ingreso, empobrecimiento, deterioro en la adherencia al tratamiento médico y mayores costos para el sistema de salud pública”, enfatiza, refiriendo que el impacto también es para los empleadores, quienes no solo pierden talento, sino también se enfrentan a daño en su reputación.

Detalla que cuando una empresa respeta los derechos humanos de todas las personas reduce riesgos legales, ya que se apega al principio constitucional que prohíbe la discriminación por cualquier razón; no obstante, para garantizar el cumplimiento, propone ajustes a la legislación laboral que regulen y sancionen conductas específicas.

Foto: Freepik. Con información de Nancy Escutia. Publicado en El Economista.
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