Proliferan figuras de contratación en la burocracia: Especialistas
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Desde hace más de tres décadas el liderazgo sindical en la administración pública, encabezada por el dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, ha permitido el uso indiscriminado de contratación bajo esquemas de honorarios, becarios o servicio social, dando pie a que trabajadores de estructura queden indefensos de las prestaciones laborales.
Al respecto, Alfonso Bouzas, especialista laboral de la UNAM e integrante del Observatorio Ciudadano para la Reforma Laboral, comentó que 65.1% de los trabajadores al servicio del Estado es sindicalizado, 17.2% es de confianza y 12.2% tuvo contratos eventuales o por honorarios.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el gobierno federal cuenta con 4.2 millones de servidores públicos; en ese sentido, en el país hay 2 millones 734,000 trabajadores sindicalizados, mientras que se identifican a 722,400 empleados de confianza y quienes están contratados por honorarios suman 512,400.
Según el Plan de Austeridad del gobierno electo que encabezará a partir del 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, 70% de los trabajadores de confianza deberá desaparecer.
“La relación contractual del gobierno como patrón tiene que ser regularizada, no se abren plazas. Aquella que se deja por alguna jubilación termina cancelándose y sólo se hacen contrataciones de confianza, servicio social o becario”, señala Bouzas.
En ese sentido, dijo Bouzas, lo que se tiene que hacer es una regularización “como trabajador, no es lo mismo el secretario o el asesor, a un trabajador que cumple con un horario y con un trabajo en específico y que fue obligado a contratarse como trabajador de confianza o por honorarios”.
Especialistas laborales consultados indican que hay direcciones, como es el caso de las áreas de Comunicación Social, en el que 90% de los trabajadores está contratado por un tercero y bajo el esquema de “profesionistas por honorarios”.
Por su parte, Graciela Bensusán, especialista laboral de la UAM, comentó que es indispensable hacer una revisión del aparato burocrático y, sobre todo, identificar los puestos que hace funciones similares y no se justifican; asimismo, sobre la tercerización a la que se ha llevado al gobierno.
Si bien el servicio de limpieza lo realiza en su mayoría gente externa, “no se justifica que todo el trabajo lo dé a un tercero el gobierno”, añadió Bouzas.
Con información de El Economista.
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