Sigue la confusión sobre cuándo se discutirá iniciativa sobre outsourcing

Para el Poder Legislativo y para el sector patronal no existe claridad sobre los tiempos en los que se discutirá la reforma en materia de subcontratación, ya que no se ha avanzado en el dictamen, y después de dos parlamentos abiertos, “ha estado muy manoseada” esta reforma sin que haya certeza de lo que necesita el país es regular y no prohibir esta actividad.

Durante su participación en el panel «¿En qué punto está la discusión del outsourcing?», Patricia Terraza, presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, expuso que es un tema que se ha suspendido, “nosotros estaríamos en el punto de dictaminar; sin embargo, no hemos tenido la reunión para dictaminar”; y todavía faltan algunos pasos, “eso no lleva algunos días si se hace un análisis, una lectura, un estudio de la iniciativa”.

A su vez, Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra, afirmó que hay diferencias el sector empresarial en esta materia sobre todo porque la subcontratación —insourcing y outsourcing— se utiliza de distintas maneras, “lo que de repente nos separa, es que no todos los organismos aglutinan al mismo tipo de empresarios, tenemos a los perceptibles de la economía por ejemplo, CCE, el primario con el CNA, el secundario Canacintra y Concamin y al terciario con las cámaras de comercio y turismo”.

El outsourcing, añadió, de los 5 millones de trabajadores hay alrededor de 2.5 millones que están siendo contratados por grandes empresas y el resto por pequeña y medianas, “estoy hablando de grandes empresas utilizan el modelo de insourcing, y vemos que es legítimo porque estas empresas hacen inversiones cuantiosas cuya recuperación lleva un horizonte de entre 10 y 20 años”.

Dijo que “hay empresas que reparten 2 años de sueldo a sus trabajadores por cada reparto de utilidades, no así el resto de la subcontratación que es básicamente subcontratación especializada, subcontratación de mantenimiento, esto es lo que es el panorama. Estamos de acuerdo de que sí se controle o se regule a aquellos que hacen mal uso de la figura, que lo han usado para evadir o eludir impuestos o para socavar los derechos de los trabajadores, a esos se les tiene que perseguir o castigar, pero no estamos de acuerdo en que se prohíba manera general y totalitaria”.

Con información de El Economista.