¿Logrará México evitar las sanciones comerciales relacionadas con temas laborales?: T-MEC
El mecanismo de respuesta rápida es un nuevo paradigma y ningún país quiere llegar a una sanción comercial, lo que implica ir un paso adelante en el proceso, si bien el gobierno de México aceptó la queja que envió la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés); previó a ello ya se había emitido una resolución, afirmó Alejandro Encinas Nájera, titular de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la STPS.
En entrevista con El Economista sostuvo que a casi un año de que se cumpla la entrada en vigor del T-MEC, incluído el novedoso capítulo laboral, expuso que con dos quejas en proceso de desarrollo, General Motors Silao y Tridonex Matamoros (autopartes), “estamos institucionalizando un procedimiento -el Mecanismo de Respuesta Rápida- aquí en la región, seguramente será replicado en otro tratados”.
Tras señalar que realizan campañas preventivas, primero para que no se active el mecanismo, “todavía hay una buena oportunidad para las empresas y concretamente el Centro de Trabajo, pues no es todo General Motors; es General Motors Silao por ejemplo, el que puede ser objeto de sanción. Está muy focalizado, los mecanismos de sanciones anteriores eran a la cadena de producción de todo un país, al chile, al tomate; esté ni siquiera es a un producto, es lo que se produce en un determinado Centro de Trabajo que niega a derechos de libertad sindical y negociación colectiva”.
Encinas resaltó que “realmente el objetivo del mecanismo no es llegar a una sanción, es la reparacion y entonces hay una fase de investigación que dura 45 días, en donde una vez que recibimos nosotros como gobierno y aceptamos investigar, hacemos un expediente para verificar si la queja está fundada o no, también podemos decir que no y demostrar con evidencia que no”.
Una vez que se concluya la investigación, entonces vendrá una etapa de consultas para ver si están de acuerdo, si les satisface los resultados de esta investigación y en esos 10 días, “en caso de que identifiquemos que sí hubo una denegación de derechos, también proponemos un plan de reparación”.
Dicha reparación, sostuvo, tiene que ser “digamos razonable, proporcional a la falta cometida, que resalta la falta cometida restaure los derechos no. Y ya una vez que acordemos, s e implementa y si se implementa adecuadamente. En este momento se acaba el mecanismo laboral y la empresa sigue contando con todos los beneficios comerciales”.
Para el gobierno de México, sostuvo Alejandro Encinas, en estos mecanismos debe haber una administración adecuada, “porque tienes que equilibrar un buen clima para las inversiones y para la generación de fuentes de empleo; entonces tienes que administrarlo bien para que no haya un uso abusivo del mecanismo Pero por otra parte, sí coincidimos en que puede ayudar a avanzar en materia de derechos laborales, que es una herramienta adicional de presión para avanzar en los compromisos laborales internacionales de México”.
Comentó que también ya se avanzó en la parte de la resolución, pues la autoridad laboral fijó como nuevo plazo, para que se realicen las votaciones de legitimación de contrato, el 20 de agosto como límite.
En caso de incumplir dicho proceso, el contrato colectivo se dará por terminado, conservando en beneficio de las y los trabajadores las prestaciones y condiciones de trabajo reconocidas en el mismo.
Con información de El Economista.
