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Indispensable transparencia para democracia sindical: INAI

Por Redacción Amedirh - 23 de Septiembre 2019

Indispensable transparencia para democracia sindical: INAI

“Tenemos una transparencia sindical amplia. Ahora tenemos doble candado”, asegura María Patricia Kurczyn Villalobos, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI). Por un lado, las agrupaciones sindicales tienen que cumplir con las obligaciones de la Ley de Transparencia y, por el otro, las que ahora contempla la Ley Federal del Trabajo (LFT).

El blindaje para garantizar la transparencia sindical es real y está por aumentar. En ese sentido, la comisionada del INAI considera que la reforma laboral del 1 de mayo abona a tener organizaciones más transparentes, especialmente con sus trabajadores. Sin embargo, las modificaciones a la LFT están en el “filo” de limitar la autogestión de los sindicatos, advierte en conversación con El Economista.

“En lo personal considero que, entre más transparente sea un sindicato, sea del sector público o privado, se fortalece”, afirma.

En la última verificación del INAI, el 70% de los sindicatos cumplió con las disposiciones de transparencia, aunque sólo 32 organizaciones alcanzaron el 100% de cumplimiento. Actualmente hay 167 sindicatos que son sujetos obligados por ley.

Entre las organizaciones que cumplen al 100% están el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el Sindicato Nacional de los Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM).

“En términos generales, el sindicalismo mexicano ha estado respondiendo con mucha consciencia y mucho entendimiento de lo que significa la transparencia y han estado cumpliendo con sus obligaciones”, comenta la comisionada.

De acuerdo con Kurczyn Villalobos, los sindicatos grandes son los que están poniendo el ejemplo de transparencia a través de sus portales de internet, un espacio que por obligación deben tener estas organizaciones. Sólo hay una excepción: el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

“Incluso nos señaló que ellos no disponían de recursos económicos para poder crear su página web que los obligaba la Ley. En ese caso, la Ley señala que cuando no tiene la posibilidad de hacerlo, la institución empleadora tiene que apoyarlo. Pero, fuera de este sindicato, todos de una manera u otra la fueron creando”, detalla.

El INAI, afirma la comisionada, se ha esforzado por promover entre los sindicatos la difusión de información proactiva, aquella que no es obligación legal, pero se comparte voluntariamente. Ir más allá de las obligaciones es sano para los sindicatos, los trabajadores y la misma sociedad.

“De esa manera, soy más transparente, soy más claro, no tanto con los agremiados, sino también con la sociedad en general. Esto le da más credibilidad al sindicato, le da más confianza a la sociedad y, por otro lado, viéndolo desde el punto de vista interno, me quito de la lata de que me estén haciendo preguntas y preguntas”, explica María Patricia Kurczyn Villalobos.

Buró laboral, producto de la corrupción
“Los datos los toman de cualquier manera, pueden andar ahí (en las Juntas de Conciliación y Arbitraje) espiando como muchas empresas que conocemos, que andan espiando. El problema ahí también es que eso es una corrupción de particulares, es una corrupción entre la empresa que anda buscando datos y el despacho o las empresas que andan preguntando”.

Así describe la comisionada del INAI la alimentación del buró laboral, una lista creada por organizaciones para su venta, con información de los trabajadores que han demandado a sus patrones en las Juntas de Conciliación y Arbitraje.

El problema más grave del buró laboral, asegura, es la discriminación. “Están haciendo violaciones a la Constitución, derechos humanos y, por supuesto, laborales”.

En ese sentido, Patricia Kurczyn puntualiza que esta situación no se resolverá con la creación de tribunales laborales y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, si no se acaba con la corrupción entre privados, un asunto relacionado con la protección de datos personales en posesión de particulares.

Con información de El Economista.