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Última actualización: 12 de abril de 2024
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¿10 millones de trabajos informales en la formalidad?

15 de septiembre de 2022
Empleo informal

Una de cada tres personas que labora en empresas, negocios e instituciones de gobierno no tiene acceso a la seguridad social; pagan impuestos, pero no reciben las prestaciones laborales completas.

Más de 9.8 millones de personas que trabajan en una empresa formal o institución gubernamental en el país están en condiciones de informalidad laboral. Dicho de otra forma, las organizaciones públicas y privadas formales no han afiliado a la seguridad social a casi el 31% de su personal subordinado, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

El presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Luis Munguía Corella, llamó la atención hace unos días sobre “un tema importante que deberíamos conocer más: El trabajo informal dentro de la formalidad. Mucho se habla de que la mitad de los trabajadores está en la informalidad, pero de estos, alrededor de un tercio trabaja en empresas formales (…) y paga el Impuesto sobre la Renta (ISR) cada mes al SAT, sólo que no tiene seguridad social porque su empresa no los registra en el IMSS”, explicó.

De acuerdo con los datos proporcionados por el funcionario en su cuenta de Twitter, entre 2018 e inicios de 2020, la proporción de informales en la formalidad fue de 32.5%, pero con la pandemia se disparó a 36 por ciento. Este comportamiento se ha moderado, pero se mantiene en niveles cercanos a 30 por ciento.

La información recopilada por la ENOE revela que empresas, negocios e instituciones públicas y privadas han dejado a tres de cada 10 de sus trabajadoras y trabajadores fuera del acceso directo a los servicios de salud, el ahorro para la vivienda y la jubilación, la protección para no quedarse sin empleo y sin ingresos ante un accidente, enfermedad o maternidad, entre otros derechos.

Los datos para el segundo trimestre de 2022 indican que 8.8 millones de personas laboran en la iniciativa privada sin seguridad social. En tanto, casi 1 millón más trabaja para gobiernos y otras instituciones al servicio del Estado en las mismas condiciones.

De cada 10 personas que trabajan en la formalidad en condiciones de informalidad cuatro son mujeres y seis son hombres. En las empresas, la mayor parte de la población trabajadora sin derechos laborales y sociales básicos es hombre (66%), mientras que en las instituciones del gobierno son las mujeres (54%) quienes están más vulneradas en ese sentido.

Con más de 5.6 millones de trabajadoras y trabajadores —el 57% del total— el sector terciario formal es el que más emplea en condiciones informales. Se trata de centros de trabajo dedicados al comercio, turismo, transporte, medios de comunicación y servicios varios. También incluye las actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales.

En el sector primario trabajan más de 2.7 millones de personas en esta condición, o sea, el 28 por ciento. Y el 15% restante, más de 1.4 millones de personas, labora en el sector industrial.

“La informalidad es efecto, no es causa”, dice en entrevista Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del Observatorio del Trabajo Digno (OTD). Es resultado de la corrupción de empresas y autoridades que no respetan los derechos humanos laborales, es consecuencia de la subcontratación ilegal y también de un modelo en el que “la seguridad social está asociada sólo al empleo, y además al empleo formal”, explica.

Derechos humanos vs prestaciones laborales
En la Conferencia Internacional del Trabajo de 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) abrió el debate sobre lo que hasta entonces se había considerado como formal e informal. Señaló que no se estaba considerando al personal “en empresas formales que carecían de prestaciones sociales a pesar de que la ley lo exigía”, señala el reporte La informalidad laboral en las entidades de México en el siglo XXI: Posibles factores explicativos, publicado por el Inegi.

Para 2012, la OIT definió que las empresas y personas trabajadoras en la informalidad son quienes no cumplen con una o varias de estas condiciones: no pagar impuestos, sin contrato de trabajo, sin prestaciones de seguridad social. Sin embargo, “millones de trabajadores pagan ISR”, destaca Rogelio Gómez. De esta manera, son formales ante el fisco, pero informales en términos laborales.

“Hay diversas formas en las que las empresas se las han arreglado para evadir el pago de seguridad social. Incluso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público generó una modalidad muy rara, una laguna legal, para pagar ISR sin seguridad social y son los ingresos asimilados al salario”, detalló.

Por tanto, “la economía informal se refiere a los trabajadores que laboran tanto en el sector informal como en empresas formales, pero trabajan sin contrato o no perciben prestaciones que marca la ley, lo cual representa en México poco más de 57% de la población ocupada”, señalan los investigadores Mario Camberos y Joaquín Bracamontes en el reporte publicado por el Inegi.

En suma, dice Rogelio Gómez, la economía informal engloba a “las personas que trabajan sin derechos laborales”. Pero eso es posible gracias a un sistema “donde se puede trabajar sin derechos y sin mucha defensa, pues nueve de cada 10 no tienen una organización sindical y si están en alguna, es probable que sea un sindicato blanco”.

Pero también es consecuencia de un sistema de seguridad social vinculado al empleo y al empleo formal, agrega el sociólogo y consultor del Banco Mundial (BM). “Es un modelo que se aplica en casi todo el mundo y que ya demostró, en todo el mundo, que sólo es un incentivo para la informalidad”.

El acceso a la seguridad social incluye:

  • Atención médica y hospitalaria, medicamentos y rehabilitación
  • Ahorro para el retiro
  • Ahorro y crédito para la vivienda
  • Guardería infantiles, centros vacacionales y actividades recreativas
  • Atención en el embarazo, el parto y postparto
  • Licencia pagada por maternidad
  • Pensiones en caso de invalidez por accidente o enfermedad,
  • Pensión para la familia por fallecimiento del trabajador o trabajadora
  • Retiro por edad, años de servicio o jubilación con una pensión vitalicia
  • Incapacidades pagadas o sin el riesgo a perder el empleo por la ausencia

“Todo eso: la salud, la vivienda, son derechos humanos universales, no deberían ser una prestación”, señala el especialista.

Pero en México, como en muchos otros países, “los quisimos financiar con impuesto a la nómina, con las cuotas obrero-patronales cargándole el gasto al empleo”. Esa vía excluye a millones “e incentiva a la informalidad porque les causa un gasto a las empresas”, sostiene.

Con información de El Economista.